14 A 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, LA HAYA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012

EQUIPO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS1 COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 2013 2 DE LA 11º SESI...
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EQUIPO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS1 COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 2013 2 DE LA 11º SESIÓN DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES 14 A 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, LA HAYA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. INTRODUCCIÓN En el presente documento, el Equipo de Presupuesto y Finanzas (Equipo) eleva a la consideración de la Asamblea algunos comentarios y recomendaciones sobre el Presupuesto para 20133 y las recomendaciones del Informe del Comité sobre Presupuesto y Finanzas sobre el trabajo realizado durante su 19º sesión (Informe del Comité). 4 II. RESUMEN DE RECOMENDACIONES 



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Los Estados Partes deben reforzar su compromiso con el funcionamiento efectivo de la Corte ofreciéndole recursos suficientes para 2013 y manifestando su oposición al enfoque que promueve un ‘crecimiento cero’ en las declaraciones que realice en el debate general y en el Grupo de Trabajo sobre Presupuesto. Los Estados deben insistir en que el Grupo de Trabajo sobre Presupuesto se centre en la revisión de las recomendaciones del Comité, que deben ser consideradas la base de los debates presupuestarios y deben rechazar cualquier esfuerzo cuyo fin sea realizar recortes adicionales a los recomendados por el Comité. Los Estados deben rechazar la “opción” presentada por el Comité para que la Corte absorba los incrementos de los costos de personal. La Asamblea debe consultar con la Corte sobre el impacto de las recomendaciones del Comité a la hora de decidir si éstas deben o no ser adoptadas.

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El Equipo se creó en la sexta sesión de la Comisión Preparatoria y sus miembros han seguido y contribuido al borrador de las regulaciones financieras, las leyes financieras, la remuneración de los jueces, el presupuesto para el primer periodo financiero y el presupuesto por programas desde 2004 a 2012. 2 Si bien la labor del Equipo de Presupuesto y Finanzas refleja la opinión de aquellos miembros de la CCPI que son más activos en relación con temas específicos, y si bien el presente documento ha sido elaborado tras consultar con otros equipos de la CCPI, es incorrecto considerar que el presente documento refleja la opinión de la totalidad de las organizaciones o miembros de la CCPI. Desde la Conferencia Diplomática de Roma, los miembros de la CCPI se han organizado en equipos, cada uno de los cuales es responsable de realizar el seguimiento de un grupo de trabajo o de un tema del proceso intergubernamental. En la actualidad, los equipos de la CCPI siguen los temas tratados por la Asamblea de Estados Partes o por sus mecanismos subsidiarios y por la Corte Penal Internacional. Los equipos generan foros donde los miembros interesados pueden debatir los temas, observar atentamente el curso de los avances, presentar investigaciones, expresar opiniones vinculadas con tales avances y preparar e implementar estrategias de apoyo para dichas opiniones. Todos los miembros de la CCPI pueden unirse a los equipos y son informados con frecuencia sobre su labor. 3 Propuesta del presupuesto por programas para 2013 de la Corte Penal Internacional, ICC-ASP/11/10. 4 ASP/11/15 (Versión avanzada).

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Los Estados Partes deben abogar por que cualquier costo derivado de los locales provisionales, que no sea financiado por un acuerdo con el País Anfitrión, sea sufragado por la Asamblea. Se debe rechazar cualquier propuesta que establezca que sea la Corte quien absorba dicho costo. Los Estados deben insistir en el hecho de que la sensibilización y la información pública forman parte de un conjunto de funciones interrelacionadas que resultan esenciales para la implementación del Estatuto de Roma y que deben ser financiadas de acuerdo con el presupuesto de la Corte. Considerando el rol vital que tiene el Fondo de Contingencia a la hora de permitir que la Corte reaccione a situaciones y gastos imprevistos, la Asamblea debe incrementar los recursos del Fondo por lo menos hasta el umbral de €7 millones para 2013. La Asamblea debe examinar detenidamente las recomendaciones del Comité que tienen como objetivo reducir la Asistencia Temporal General (ATG) en la fase de preparación de los juicios de Kenia, teniendo en cuenta las opiniones de todos los órganos sobre el potencial impacto que pueden tener las mismas. Se debe llevar a cabo una revisión holística del sistema de representación legal en un momento adecuado, realizando consultas apropiadas entre los interesados y debe ser impulsada a través de un mandato cuyo fin sea mejorar la implementación de los derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto de Roma, y no recortar gastos. Si la Asamblea decide implementar las enmiendas al sistema de asistencia legal propuesto por la Secretaría, debe establecer una vigilancia efectiva y mecanismos de revisión con el fin de asegurar que, en la práctica, éstas no socaven los derechos estatutarios del acusado propios de un juicio justo ni los derechos de las víctimas a participar en el proceso. Además, se debe desarrollar una guía que clarifique las fases “donde se reducen substancialmente las actividades procesales” que activan la suspensión del pago total mensual a los equipos. La Asamblea debe respetar la independencia del poder judicial en la consideración de las propuestas para revisar la representación legal de las víctimas y su objetivo no debe centrarse en el logro del sistema más barato sino del más efectivo y eficiente para las víctimas. Cualquier revisión del rol de la Oficina del Defensor Público para la Defensa debe realizarse consultando a todos los interesados, no debe duplicar revisiones que ya se han llevado a cabo y debe guiarse principalmente por la necesidad de los derechos propios a un juicio justo y la representación eficaz y coherente de los acusados. Dado el rol tan importante del Fondo Fiduciario y su actual falta de recursos, la Asamblea no debe implementar las recomendaciones del Comité para congelar los costos que no se desprendan del personal.

III. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y LAS CUESTIONES SURGIDAS EN EL INFORME DEL COMITÉ La propuesta de presupuesto que la Corte ha presentado para 2013 asciende a €118,4 millones, lo que supone un incremento de €9,6 millones respecto del de 2012. Este incremento responde a la transferencia de los costos de los locales provisionales desde el Estado Anfitrión hacia la Asamblea, dos nuevos juicios en la situación en Kenia e incrementos en los costos derivados de la asistencia legal y de personal. El Comité, tras llevar a cabo un examen técnico de la propuesta de presupuesto en su 19º sesión celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 2012, emitió un informe cuya recomendación fue que se redujera el presupuesto para 2013 a €115,12 millones. El Equipo acoge con agrado el minucioso examen de la propuesta de presupuesto para 2013 que ha realizado el Comité, que establece que se llevó a cabo “teniendo en cuenta el principio general de

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integridad presupuestaria”.5 El Equipo reconoce que la visión independiente del Comité, el cual está compuesto por miembros de gran reconocimiento en asuntos financieros, es vital para asegurar que se distribuyan los fondos de manera adecuada para garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte. Dada la situación actual en la que algunos Estados promueven que se apliquen recortes arbitrarios y una política de ‘crecimiento cero’ al presupuesto de la Corte, el Comité debe jugar un rol esencial a la hora de asegurar que el proceso presupuestario mantenga su integridad. 1. Rechazo de la política de ‘crecimiento cero’. En los últimos años, la visión del presupuesto de la Corte que ha tenido la Asamblea ha estado dominada por las demandas de un pequeño grupo de Estados que piden el ‘crecimiento cero’. Esta cuestión ha desplazado la revisión de las recomendaciones del Comité del centro de atención y ha tenido como consecuencia que la Asamblea haya impuesto unos recortes en el presupuesto de la Corte mayores de los que había recomendado el Comité. El Equipo ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación sobre este enfoque y su impacto en el trabajo de la Corte. El Equipo acentúa con gran inquietud las consecuencias de los recortes de 2012 destacados por la Corte, incluyendo la terminación de varios contratos de personal de la ATG, retrasos en las contrataciones, retrasos en proyectos especiales, retrasos operacionales para las secciones de apoyo y probables retrasos en los procesos judiciales como consecuencia de los recortes de personal y la reducida capacidad de las salas. 6 Al Equipo también le preocupa el hecho de que la presión que sufre la Corte para entregar presupuestos con ‘crecimiento cero’ se ha visto reflejada en la propuesta de presupuesto para 2013, la cual no parece ajustarse a las necesidades reales de cada sección. Por ejemplo, la Secretaría declara que “cada sección de Secretaría recibió órdenes del Secretario para preparar un presupuesto menor que el nivel de las asignaciones de 2012”.7 Este año, el Comité ha realizado dos recomendaciones específicas que rechazan claramente la política de ‘crecimiento cero’. En primer lugar, el Comité consideró que los nuevos costos derivados del alquiler y mantenimiento de los locales provisionales estaban justificados “si se compara el nivel del presupuesto por programas para 2013 con el nivel del presupuesto aprobado en 2012” y debe ser financiado por la Asamblea. 8 En segundo lugar, el Comité recomendó que la Asamblea pague el incremento de los costos derivados del personal (€3,88 millones), rechazando la tendencia reciente que tiene la Asamblea de dar instrucciones a la Corte para que sea ella quien absorba estos incrementos. En la práctica, la Corte tuvo que pagar esos gastos puesto que está contractualmente obligada a cubrir los incrementos del personal que desempeña su deber de manera satisfactoria según el Sistema de Costos Comunes de las Naciones Unidas. La absorción de estos incrementos ha resultado por tanto en el hecho de que los gastos de los funcionarios han sido satisfechos en detrimento de los gastos operacionales de la Corte. El Equipo acoge con satisfacción que el Comité haya recomendado que ello no se repita de nuevo en 2013, reconociendo la necesidad de “estabilizar la situación y prevenir un subsiguiente efecto dominó, lo que daría pie a que los futuros presupuestos fueran todavía más problemáticos”. Lamentablemente, a pesar de su firme recomendación, el Comité ha listado el incremento de los costos del personal como una “opción” que la Asamblea puede querer considerar en su decisión de la propuesta de presupuesto para 2013. 9 5

Informe del Comité, párr. 1. “Impact of measures to bring the level of the International Criminal Court’s budget for 2013 in line with the level of the approved budget for 2012” [Impacto de las medidas para equiparar el presupuesto de la Corte Penal Internacional para 2013 con el presupuesto aprobado para 2012], Informe del Comité, Anexo III, párr. 5-12. 7 Propuesta de presupuesto para 2013, párr. 196. 8 Informe del Comité, párr. 113. 9 Informe del Comité, Anexo V, Opciones recomendadas por el Comité sobre Presupuesto y Finanzas. 6

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Sin embargo, en esencia el Comité parece aceptar que ya no se debe esperar que la Corte absorba grandes incrementos de costos y que es la Asamblea quien debe sufragar dichos incrementos. El Equipo resalta que algunos de estos costos aumentarán anualmente (como el incremento del gasto de personal), otros costos pueden ir aparejados al incremento de la actividad de la Corte (como las nuevas investigaciones o juicios), y otros pueden surgir como un pago único (como aquellos relacionados con las nuevos locales provisionales). Las expectativas que tiene un pequeño grupo de Estados de que estos incrementos puedan ser absorbidos sin socavar seriamente el trabajo de la Corte son irreales. Es más, aplicar la política de ‘crecimiento cero’ para solicitar mayores recortes que aquellos propuestos por el Comité es insostenible. Recomendaciones:  Los Estados Partes deben reforzar su compromiso con el funcionamiento efectivo de la Corte ofreciéndole recursos suficientes para 2013 y manifestando su oposición al ‘crecimiento cero’ en las declaraciones que haga en el debate general y en el Grupo de Trabajo sobre Presupuesto.  Los Estados deben insistir en que el Grupo de Trabajo sobre Presupuesto se centre en la revisión de las recomendaciones del Comité, que deben ser consideradas la base de los debates presupuestarios y deben rechazar cualquier esfuerzo cuyo fin sea realizar recortes adicionales a los recomendados por el Comité.  Los Estados deben rechazar la “opción” presentada por el Comité para que la Corte absorba los incrementos de los costos del personal. 2. Revisión de las recomendaciones del Comité El Comité ha recomendado un recorte de €3,28 millones de la propuesta de presupuesto para 2013, lo que acerca a éste al presupuesto aprobado para 2012, excluyendo los €6,02 millones adicionales derivados de los costos de los locales provisionales. Teniendo en cuenta los significantes recortes que se impusieron a la Corte en 2012 y el impacto que tuvieron (mencionados anteriormente), al Equipo le preocupa que este recorte adicional de un 3% en los recursos para 2013 traiga consigo consecuencias negativas para el trabajo de la Corte. Dado que varias recomendaciones del Comité se sitúan a un nivel macro (como las reducciones de la Asistencia Temporal General) y teniendo en cuenta las preocupaciones del Equipo sobre las recomendaciones específicas establecidas en la sección IV más adelante, es de vital importancia que la Asamblea examine las recomendaciones detalladamente, considerando la opinión de la Corte sobre el potencial impacto que pueden tener en su trabajo de ser implementadas. Recomendación:  La Asamblea debe consultar con la Corte sobre el impacto de las recomendaciones del Comité a la hora de decidir si éstas deben o no ser adoptadas. 3. Financiación de los costos de los locales provisionales El Equipo hace hincapié en las discusiones que se están realizando en la actualidad con el Estado Anfitrión cuyo objetivo es dirimir si continuarán pagando parte de los €6,02 millones del costo de los locales provisionales más allá de las contribuciones evaluadas al presupuesto total. El Equipo considera que ésta es una cuestión que deben resolver los Estados Partes y no se posiciona sobre si, o en qué medida, el Estado Anfitrión debe contribuir a sufragar esos gastos. Sin embargo, el Equipo resalta que de acuerdo con la recomendación que ha realizado el Comité es la Asamblea quien debe costear cualquier déficit de los recortes de los locales provisionales que se suscite de cualquier acuerdo alcanzado con el

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Estado Anfitrión. Tal y como lo refleja el informe de la Corte “Impact of measures to bring the level of the International Criminal Court’s budget for 2013 in line with the level of approved budget for 2012” [Impacto de las medidas para equiparar el presupuesto de la Corte Penal Internacional para 2013 con el presupuesto aprobado para 2012], la Corte no tiene la capacidad para absorber costos adicionales sin que ello impacte en la efectividad de su trabajo. Recomendación:  Los Estados Partes deben abogar por que cualquier costo derivado de los locales provisionales, que no sea financiado por un acuerdo con el País Anfitrión, sea sufragado por la Asamblea. Se debe rechazar cualquier propuesta que establezca que sea la Corte quien absorba dicho costo. 4. La naturaleza integrada de las actividades de la Corte El Equipo acoge con agrado que, contrariamente a la recomendación que hizo el año pasado de explorar un financiamiento mixto –tasado y voluntario- para las actividades de concienciación e información pública,10 el Comité reconociera en su Informe actual que “la sensibilización, por supuesto, era esencial para incrementar la concientización y para promover el conocimiento del mandato de la Corte y de su trabajo, principalmente entre las comunidades afectadas”.11 Ello supone un reconocimiento de que la implementación efectiva del mandato de la Corte depende de la concientización. De hecho, las investigaciones de la Corte, los enjuiciamientos y juicios, no pueden realizarse de manera efectiva a no ser que se apoyen en una variedad de funciones interrelacionadas, incluyendo la presencia y el compromiso en el campo, la protección de testigos, la asistencia legal y la sensibilización y de participación de las víctimas para asegura que éstas pueden acceder a los derechos conferidos por el Estatuto de Roma. La experiencia de otras cortes penales internacionales y de la CPI hasta la fecha demuestra que invertir en estas áreas resulta fundamental para que se imparta de manera significativa una justicia justa y creíble. Todas estas actividades son el “corazón” del mandato de la Corte y deberían estar incluidas en el presupuesto anual.12 Recomendación:  Los Estados deben insistir en el hecho de que la sensibilización y la información pública forman parte de un conjunto de funciones interrelacionadas que resultan esenciales para la implementación del Estatuto de Roma y que deben ser financiadas de acuerdo con el presupuesto de la Corte. 5. Dotación plena del Fondo de Contingencia El Comité informa que en su 19º sesión la Corte había realizado siete notificaciones en 2012 para acceder al Fondo de Contingencia, que estaba dotado con €3,69 millones. Tras ello, la Corte había expresado al Comité que su acceso real al Fondo sería aproximadamente de €2,1 millones aunque ello podría cambiar para cuando la Asamblea se reuniera antes del fin del año financiero.13 Por tanto, es probable que el nivel del Fondo de Contingencia se reduzca por debajo del umbral de reabastecimiento de €7 millones. Recomendación:

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Informe del Comité sobre Presupuesto y Finanzas sobre el trabajo de su 17º sesión, ICC-ASP/10/15, párr. 25. Informe del Comité, párr. 36. 12 Coalición por la CPI, Carta a los Estados Partes sobre el presupuesto para 2012, 6 de Julio de 2012, disponible en: http://www.iccnow.org/documents/CICC_Letter_on_the_2012_ICC_Budget_-_6_July_2011.pdf. 13 Informe del Comité, párr. 25. 11

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Considerando el rol vital que tiene el Fondo de Contingencia a la hora de permitir que la Corte reaccione a situaciones y gastos imprevistos, la Asamblea debe incrementar los recursos del Fondo por lo menos hasta el umbral de €7 millones para 2013.

IV. COMENTARIOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN EL INFORME DEL COMITÉ 1. Reducciones de los cargos en la Asistencia Temporal General para la preparación del juicio En este informe, el Comité recomienda recortes en los cargos de la Asistencia Temporal General (ATG) del poder judicial y de la Fiscalía “considerando que no se espera que los procesos judiciales adicionales [los juicios de Kenia] empiecen antes de abril de 2013”. 14 Al Equipo le preocupa que esta recomendación no tome en cuenta por completo la sobrecarga de trabajo y las necesidades de recursos que sufren los dos principales programas en los meses previos al inicio de los juicios y ello podría llevar a una micro-gestión. Recomendación:  La Asamblea debe examinar detenidamente las recomendaciones del Comité que tienen como objetivo reducir la Asistencia Temporal General (ATG) en la fase de preparación de los juicios de Kenia, teniendo en cuenta las opiniones de todos los órganos sobre el potencial impacto que pueden tener las mismas. 2. Reducciones a la asistencia legal A pesar de las repetidas preocupaciones que ha expresado el Equipo durante 2012 sobre el examen fragmentado del sistema de asistencia legal llevado a cabo principalmente por motivos presupuestarios,15 el Comité recomienda que la Asamblea implemente al sistema de asistencia legal tres enmiendas propuestas por la Secretaría16, reduciendo por tanto en €1,1 millones el presupuesto de la Corte para 2013 en asistencia legal. 17 El Equipo hace hincapié en que la asistencia legal es vital para garantizar un juicio justo para los sospechosos que carezcan de recursos económicos y una representación efectiva y significativa para las víctimas en la Corte, dos cuestiones garantizadas en los Artículos 67 y 68 del Estatuto de Roma, respectivamente. El Equipo teme que si se continúan implementando cambios en el sistema de asistencia legal sin que medie una revisión holística previa cuyo fin sea mejorar la representación legal en la Corte, las obligaciones estatutarias de la Corte pueden quedar socavadas, y a largo plazo ello podría generar mayores costos. El Equipo también insta con firmeza a los Estados miembros a que se aseguren de que se establezca un mecanismo de vigilancia para evaluar la implementación de las enmiendas sobre asistencia legal, tal y como ha propuesto la Mesa en su informe sobre asistencia

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Informe del Comité, párr. 126. Para más información sobre esta cuestión vea: “CICC Legal Representation Team, Recommendations and Comments to the th CBF 19 session - Comments on the ‘Supplementary Report of the Registry on four aspects of the Court’s legal aid system’” [Equipo de Representación Legal de la CCPI, Recomendaciones y comentarios de la 19º sesión de la CPF – Comentarios del ‘Informe complementario de la Secretaría sobre cuatro aspectos del sistema de asistencia legal de la Corte’], 20 de septiembre de 2012, disponible en: http://www.iccnow.org/documents/CICC_Legal_Representation_TeamComments_to_CBF_19th_session.pdf. El Comité ha repetido que la asistencia legal se identifica como un “costo mayor” aunque en sí misma ésta no conlleva costos. Opuestamente, la cantidad de casos de la Corte suscita la necesidad de representación legal tanto para la defensa como para las víctimas. 16 “Supplementary Report of the Registry on four aspects of the Court’s legal aid system” [Informe complementario de la Secretaría sobre cuatro aspectos del sistema de asistencia legal de la Corte], CBF/19/6, 17 de agosto de 2012. 17 Informe del Comité, párr. 98. 15

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legal.18 Antes de la creación de un mecanismo como éste y de cualquier evaluación que haga la Corte, el Equipo tiene unas fuertes reservas sobre las declaraciones del Comité que afirman que “los cambios no afectarán la capacidad de los equipos para representar a sus clientes ante la Corte”19. Además, al Equipo le preocupa especialmente que algunos aspectos de las propuestas aún deben ser definidas, incluyendo los periodos “en los que las actividades procesales se reducen sustancialmente” que puede resultar en la suspensión de los pagos totales mensuales a los abogados. El Comité resalta que todavía quedan “obstáculos” para la implementación de los cambios del “rol mejorado” de la Oficina del Defensor Público para Víctimas y ha pedido a la Secretaría que elabore un informe complementario sobre “los progresos alcanzados con éxito”. 20 Sin embargo, la representación y el modo de representación de las víctimas en la Corte queda simplemente como una determinación judicial. Además, cualquier decisión sobre las modalidades de las representaciones para las víctimas debería llevarse a cabo por una representación efectiva y significativa para las víctimas. El Equipo sigue preocupado por el hecho de que el Comité esté presionando demasiado a la Secretaría para que implemente y formalice una “propuesta”, algo que de hecho la Secretaria no puede implementar uniformemente, y que esté basado en consideraciones presupuestarias. Finalmente, el Comité recomienda una “revisión más detallada” del rol de la Oficina del Defensor Público para la Defensa (ODPD), 21 sin establecer cómo dicha revisión se relacionará con el sistema de asistencia legal o cómo mejoraría otras revisiones del rol de la ODPD. Al Equipo le sigue preocupando cualquier propuesta para revisar el rol de la ODPD cuya motivación sea ahorrar costos. La ODPD juega un rol importante en el aseguramiento de un juicio justo y una igualdad de armas para los acusados. La declaración del Comité de que la ODPD realiza “un trabajo por el que ya se paga a cada equipo” 22 pasa por alto que la ODPD desempeña tareas para los equipos de defensa que se quejan de una falta de recursos suficientes y su trabajo es a menudo crucialmente necesario para asegurar un proceso judicial justo y conveniente. Recomendación:  Se debe llevar a cabo una revisión holística del sistema de representación legal en un momento adecuado, realizando consultas apropiadas entre los interesados y debe ser impulsada a través de un mandato cuyo fin sea mejorar la implementación de los derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto de Roma, y no recortar gastos.  Si la Asamblea decide implementar las enmiendas al sistema de asistencia legal propuesto por la Secretaría, debe establecer una vigilancia efectiva y mecanismos de revisión con el fin de asegurar que, en la práctica, éstas no socaven los derechos estatutarios del acusado propios de un juicio justo ni los derechos de las víctimas a participar en el proceso. Además, se debe desarrollar una guía que clarifique las fases “donde se reducen substancialmente las actividades procesales” que activan la suspensión del pago total mensual a los equipos.  La Asamblea debe respetar la independencia del poder judicial en la consideración de las propuestas para revisar la representación legal de las víctimas y su objetivo no debe centrarse en el logro del sistema más barato sino del más efectivo y eficiente para las víctimas.  Cualquier revisión del rol de la Oficina del Defensor Público para la Defensa debe realizarse consultando a todos los interesados, no debe duplicar revisiones que ya se han llevado a cabo y

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ASP/11/2, Informe de la Mesa sobre asistencia legal, 22 de octubre de 2012, Anexo párr. 4 Informe del Comité, párr. 95. 20 Informe del Comité, párr. 97. 21 Informe del Comité, párr. 99. 22 Informe del Comité, párr. 100. 19

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debe guiarse principalmente por la necesidad de los derechos propios a un juicio justo y la representación eficaz y coherente de los acusados.

3. El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas Al Equipo le preocupa mucho que el Comité haya recomendado un congelamiento de los costos que no provengan del personal del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) y que esté de nuevo promoviendo la posibilidad de que el Fondo Fiduciario “utilice algún porcentaje de sus contribuciones voluntarias para cubrir los costos [administrativos].” 23 El Equipo resalta que en el informe “Impact of measures to bring the level of the International Criminal Court’s budget for 2013 in line with the level of approved budget for 2012” [Impacto de las medidas para equiparar el presupuesto de la Corte Penal Internacional para 2013 con el presupuesto aprobado para 2012], el Fondo Fiduciario indica que las reducciones significativas relacionadas con viaje, asesoramiento y otros costos no relacionados con su personal, podrían suponer un riesgo: “al ser perjudiciales para la flexibilidad y efectividad operacional del Fondo, especialmente en relación con la implementación de reparaciones, pero también en términos de capacidad para la búsqueda de financiamiento.” 24 Al Equipo le preocupa particularmente que la implementación de la congelación recomendada socave el trabajo del FFBV ya que actualmente sólo está parcialmente equipado para lograr sus metas y hasta la fecha sólo ha sido capaz de implementar su mandato de asistencia en dos de las siete situaciones que se encuentran actualmente bajo investigación. La propuesta presupuestaria para 2013 resalta que la capacidad del Fondo para gestionar la implementación de ambos mandatos “está ejerciendo ya demasiada presión sobre la capacidad existente de la Secretaría, que continúa sintiendo la falta de capacidad para gestionar los procesos financieros/administrativos.” 25 El Equipo también hace hincapié en la necesidad imperativa de asegurar que el FFBV tenga una capacidad de gestión financiera y administrativa adecuada, así como una capacidad para atraer más contribuciones al fondo mediante actividades de financiación y visibilidad. Esto es lo más importante considerando que este año las contribuciones voluntarias se están reduciendo y que la situación financiera internacional está haciendo que la recaudación de fondos sea muy competitiva. Además, al Equipo le preocupa que cualquier esfuerzo para financiar la administración del FFBV a través de las contribuciones voluntarias pueda tener un impacto devastador en la capacidad del Fondo para financiar y ejecutar sus funciones. En este momento, el nivel de contribuciones voluntarias no es lo suficientemente consistente o alto para adoptar dichas medidas sin socavar el apoyo que el FFBV puede ofrecer a las víctimas. La recomendación del Comité es especialmente preocupante dado que el Fondo Fiduciario podría jugar un papel clave en el desarrollo e implementación de las primeras órdenes de reparación de la Corte. El 7 de agosto de 2012, se emitió en el caso Lubanga la primera sentencia sobre los principios y el proceso aplicable a las reparaciones y se le encomendó al FFBV la implementación y determinación de las reparaciones adecuadas que se ofrecerían a las víctimas. En la actualidad se están apelando algunos aspectos de la sentencia. 23

Informe del Comité, párr. 156. “Impact of measures to bring the level of the International Criminal Court’s budget for 2013 in line with the level of the approved budget for 2012” [Impacto de las medidas para equiparar el presupuesto de la Corte Penal Internacional para 2013 con el presupuesto aprobado para 2012], Informe del Comité, Anexo III, Tabla 7. 25 Propuesta de presupuesto para 2013, párr. 537. 24

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El Equipo enfatiza que es probable que la capacidad del FFBV para entregar su mandato de reparación y asistencia tenga un dramático impacto en la credibilidad de la Corte como un todo, ya que la Corte puede ofrecer justicia restaurativa, incluyendo compensaciones a las víctimas. Ahora más que nunca, el FFBV debe recibir los recursos que necesita de la Asamblea, haciendo vales el impacto reparativo que los Estados Partes vislumbraron cuando lo crearon. Recomendación:  Dado el rol tan importante del Fondo Fiduciario y su actual falta de recursos, la Asamblea no debe implementar las recomendaciones del Comité para congelar los costos que no se desprendan del personal.

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